Afectados por crematorio Plenitud exigen disculpa pública a gobernadora Maru Campos

Un grupo de representantes de familias afectadas por el caso del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez solicitó formalmente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que emita una disculpa pública ante las presuntas irregularidades y la falta de supervisión institucional que derivaron en el manejo inadecuado de restos humanos. Los manifestantes sostienen que la omisión por parte de las autoridades estatales agravó el daño emocional causado tras el hallazgo de restos no identificados en las instalaciones del recinto funerario.

Los afectados argumentan que el Estado falló en sus funciones de vigilancia sanitaria y administrativa sobre los servicios funerarios privados en la entidad. A través de un documento entregado en Palacio de Gobierno, los familiares insistieron en que el reconocimiento público de esta responsabilidad institucional es un paso necesario para avanzar en el proceso de justicia y reparación del daño que han buscado durante los meses recientes.

La petición subraya que la falta de protocolos estrictos permitió que el crematorio operara bajo condiciones que vulneraron la dignidad de las familias. Los representantes del grupo señalaron que, además de la disculpa oficial, es fundamental que el Gobierno del Estado fortalezca los mecanismos de inspección en todas las funerarias de Chihuahua para evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse en el futuro.

Por su parte, el equipo de comunicación social del Gobierno del Estado ha indicado que el caso se mantiene bajo revisión por parte de las instancias correspondientes. Se ha informado que las autoridades estatales se encuentran evaluando los expedientes administrativos relacionados con la clausura del establecimiento, buscando deslindar responsabilidades tanto en el ámbito administrativo como en el judicial conforme a lo que marca la ley.

Finalmente, los colectivos han manifestado que mantendrán sus acciones de visibilización hasta obtener una respuesta clara de la administración estatal. La exigencia no solo busca el reconocimiento del error gubernamental, sino también garantías de no repetición que protejan a la ciudadanía ante posibles abusos de empresas dedicadas a servicios funerarios en la región fronteriza.